Colaboradorxs

PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y DERECHO AL TRABAJO

Colaboración

Por: Bismarck

declaracion DDHH
Foto: Oacnudh.org

“Cuando se ha comprendido la finalidad del Derecho se deja de estudiar la norma jurídica y se empieza a observar al hombre.”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce derechos y garantías mínimas que son inherentes a la persona humana, por el simple hecho de serlo, y que por lo tanto no dependen de factores políticos, demográficos o de condiciones de nacionales de un determinado Estado. Estas garantías han sido universalmente aceptadas como pilares propios de la dignidad humana y del desarrollo de la persona en un entorno social.

Si bien el derecho universal primeramente protegido es el derecho a la vida y de éste fluirán el resto de los derechos que permiten el desarrollo de la persona, debe decirse que el derecho a la vida tiene una doble perspectiva: Primero, el derecho a que se respete la existencia del ente humano y segundo, que se permita tener una calidad de vida digna. Es decir, no se trata de sobrevivir a niveles mínimos existenciales sino también a que la vida sea vivida de una manera plena.

Una vez garantizado el derecho a la vida, conviene proteger el derecho a la libertad, puesto que, como aleccionare el Ingenioso Hidalgo es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos y no puede igualarse con ningún otro tesoro. Esta libertad se disecciona en tres componentes: libertad de conciencia, libertad ambulatoria y libertad económica. La libertad de conciencia permite que los individuos piensen todo aquello que les parezca útil o conveniente, bajo las premisas que nuestros pensamientos son libres y que éste no delinque. La libertad ambulatoria, como el reconocimiento de poder trasladarnos por cualquier región geográfica que nuestra autarquía permita y con único respeto de las cuestiones administrativas que la circulación fronteriza disponga.

Finalmente, la libertad económica, como libertad que permite el desarrollo y ejercicio de otras tantas, por cuanto un hombre que no es libre económicamente sencillamente no es libre. Pues bien, es este ultimo punto de partida lo que nos trae al quid de disertación.

El art. 23 de la precitada Declaración Universal de Derechos humanos dispone:         Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” El trabajo cumple una doble faceta en la vida humana, puesto que por una parte se presenta como una obligación social del individuo para con sus pares y su nación y por otra constituye un derecho para la realización de otros tantos que son garantizados por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y los ordenamientos internos de los Estados.

En sintonía de lo anterior, llamamos la atención en la aplicación de tales garantías al sector de personas solicitantes de protección internacional, amparados en la Ley Nª12/2009 “Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria,” Publicada en el Boletín Oficial del Estado Nª263 del 31 de octubre de 2009, y sobre su marco base la Convención sobre el estatuto de refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951. Si bien en tales disposiciones se reconocen derecho a la protección internacional y consecuentemente se desarrollan derechos y deberes mínimos, en su aplicación práctica e ideológica fallan.

tarjeta roja.España
Tarjeta Roja emitida por España/ Foto: yoemigro.com

 

Esto lo decimos por cuanto desde que se presenta la solicitud de protección internacional y con ello inicia el andamiaje administrativo, nos encontramos con una administración pública que pregona la asistencia y ayuda social para los solicitantes, lo que no viene mal para las circunstancias menesterosas que se enfrentan, pero que no permiten el pleno desarrollo del individuo como un sujeto capaz de valerse por sí mismo dentro del Estado que lo acoge. En materia de protección internacional el solicitante deberá esperar, conforme plazo legal, seis meses para obtener una respuesta sobre la solicitud que ha realizado, no obstante, en la práctica dicho plazo es meramente referencial y no se cumple, llevándonos a una realidad en donde nace un documento famoso denominado “tarjeta roja.”

Esta “tarjeta roja,” es un documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional, que garantiza acceso a la asistencia social, medicina y que impide el retorno del solicitante al país de origen. Así como la vida tiene una etapa pre y post, lo mismo sucede con la “tarjeta roja,” puesto que hasta antes que se conceda existe un período en que el solicitante es acreedor de una autorización de permanencia legal en España -tarjeta blanca-, y luego que se concede por primera vez “la tarjeta roja” viene una etapa de renovaciones hasta que se concede la renovación ansiada de seis meses, por la cual se brinda adiciona a dicho documento el derecho a trabajar legalmente en España.

Durante todo el tiempo transcurrido en tales devenires, el solicitante de protección internacional queda a expensas de lo que el servicio social pueda hacer por él, convirtiéndose en un “hijo” de la Administración Pública que espera una ayuda económica que se carga al presupuesto público y que limita al solicitante de ejercer el derecho humano básico del trabajo. Es entonces en donde el solicitante no tiene una mayor inserción laboral que lo limita en su desarrollo personal y que lo hace un mendigo institucionalizado.

Si se comprende que las razones para solicitar la protección internacional no tienen nada que ver con las migraciones de carácter económico que buscan mejorar las condiciones pecuniarias de los migrantes en relación con sus países de origen, siendo más bien la migración por razones de protección a la integridad física, libertad, vida y demás, nos encontraremos con muchos solicitantes que tendrán plena solvencia académica y profesional para ser utilizados en España, pero que producto a las políticas de no autorización laboral en las fases iniciales del procedimiento de protección internacional, se malgastan, crean un gasto público innecesario por la asistencia social y limitan el desarrollo profesional y humano de los solicitantes, puesto que la ocupación laboral incentiva su desarrollo humano.

Exiliados.El Periodico CR

No apostamos por beneficios laborales in extremis para los solicitantes de protección internacional de tal forma que se afecte el mercado laboral nacional, sino que se garantice la libre competitividad e inserción laboral de los solicitantes, para que puedan valerse por sí mismos en el Estado receptor y puedan también enriquecerlos con su conocimiento y experticia.

Por último, sabemos que el derecho al trabajo debe ser garantizado por los Estados, en el sentido de propiciar las condiciones básicas para la creación de empleos y que por lo tanto el Estado no puede ser per sé una bolsa de empleos, puesto que sería irreal y caeríamos en la mofa de Proudhon de exigir que el Estado nos otorgue un trabajo; pero todo esto sirve para que se permita a los solicitantes de protección internacional desarrollar sus talentos y conocimientos por la vía de la inserción laboral, integrándolos de esta manera al sistema nacional y con las correspondientes responsabilidad cívicas por satisfacerse.

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