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Reformas en el Poder Judicial de Nicaragua

Colaboración

Por: Bismarck

La expectativa sobre los cambios políticos y sociales es grande. Todos los sectores nicaragüenses están enfocados en los resultados que trae cada día que pasa, sumando las limitadas acciones nacionales con los esfuerzos internacionales para lograr un verdadero cambio institucional en nuestro país, enfocado sobremanera en adelantar las elecciones presidenciales. Es más que obvio que prepararnos para unas elecciones anticipadas no será fácil. Aunque estamos unidos como pueblo, deberemos unirnos cívicamente alrededor de una casilla política para correr en las elecciones, lo que significa seleccionar al primus inter pares que nos representará para refundar el Estado nicaragüense y reorganizar todas las instituciones públicas.

Esta tarea no surge de la noche a la mañana, tendrá que haber un consenso político que no huela al putrefacto pacto Alemán-Ortega, pero realmente nos permitirá garantizar no sólo la elección de un presidente que represente los intereses del pueblo sino que permita demoler la Asamblea Nacional oficialista. Oportuno señalar que dentro de las reformas constitucionales urgentes deberá incluirse, además de la no reelección, la erradicación de la “diputación regalada,” que se asigna al presidente y su vicepresidente, para gozar del puesto legislativo y de la protección de inmunidad que le atribuye el cargo.

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Foto por Confidencial

Puestos en el tapete estos puntos, tomar en cuenta que el FSLN gobernó desde abajo en la época de los 90´s, causando inestabilidad al país y forzando negociaciones políticas. Lo que se debe procurar en el futuro autoconvocado es la liberación de las instituciones públicas, siendo una de las más importantes el Poder Judicial, puesto que es el Poder del Estado que puede inhibir por la vía jurídica las actuaciones del resto de Poderes o, por el contrario, permitir violación al Estado de Derecho.

Hay que considerar que 16 magistrados para la Corte Suprema de Justicia es excesivo, sobretodo considerando que cada uno de ellos tiene un cúmulo de asesores y asistentes, y otros tantos funcionarios supernumerarios que no abonan nada a la causa. Ahora, los magistrados clásicamente no han sido electos por oposición pública, sino que han atendido a criterios del poder político y al nepotismo imperante.

Para hablar verdaderamente de una Corte Suprema de Justicia eficiente y transparente se debe asegurar primeramente que todo cargo público sea electo por procedimientos de oposición pública, en el lato sentido de la palabra. Esto es, que las convocatorias sean abiertas a todos los profesionales del Derecho que cumplan con los requisitos mínimos para optar al cargo y no se limite únicamente a los trabajadores activos del Poder Judicial. Asimismo, tienen que existir criterios férreos sobre la honradez del postulante, que no haya sido sancionado en el ejercicio de su profesión o por delitos comunes que sean incompatibles con códigos de ética profesional, evitando así el actual reciclaje de funcionarios públicos sancionados que únicamente son removidos del puesto en que fueron investigados y trasladados a otro, plan borrón y cuenta nueva.

Otro criterio importante a tomar en cuenta es la declaración de probidad del postulante, de tal manera que de una simple lógica aritmética pueda haber concordancia entre el patrimonio del postulante al inicio de la carrera judicial y el que tenga al final del ejercicio del cargo para que fue electo. De tal manera que se eviten los enriquecimientos sin causa y se haga más transparente la administración de justicia.

La Corte Suprema de Justicia debe estar integrada por representantes de sectores vitales de la sociedad. Así, un magistrado representando al sector académico, a comunidades indígenas, a sector empresarial, gremio de abogados, sector campesino, asociaciones de género y diversidad sexual, sindicatos, garantizando de esta manera una verdadera inclusión de todos los sectores de la sociedad. Por lo que será necesario erradicar los cargos judiciales vitalicios, de tal manera que pueda haber rotación de funcionarios públicos y que se garantice el ascenso interno conforme criterios de aptitud profesional y que las sedes judiciales sean lugares de servicios públicos no extensiones del domicilio privado de los funcionarios.

Realizando estas acciones en el Poder Judicial fortalecerá su eje de actuaciones, la independencia en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales sin clientelismo político y con límite de obrar impuesto directamente por el principio de legalidad y del debido proceso, como asidero constitucional. Igualmente, se reivindican los derechos de notables funcionarios judiciales que han sido opacados por la corrupción del sistema y que han quedado relegados a través de los años.

Todo esto como unas notas más llamativas ante una eventual reforma del Poder Judicial, sin olvidar la necesidad de valorar la creación de un Tribunal Constitucional que permita un efectivo control de constitucionalidad de las actuaciones procesales, valorar la creación de una Sala Constitucional del Trabajo, creación de un órgano independiente al Poder Judicial que sirva como ente fiscalizador de las actuaciones administrativas judiciales (tramitaciones de quejas contra funcionarios públicos, retardación de justicia, eficiencia en la tramitación de expedientes judiciales, etc.), promover la formación del Colegio de Abogados, entre otras más.

 

Bismarck se encuentra exiliado en España, colaborando como asesor jurídico con la ong AESCO (América, España, solidaridad y Cooperación) quienes trabajan a migrantes en riesgo de exclusión social. En Nicaragua era abogado y notario, además de profesor universitario. 

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